La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantuvo ayer una reunión telemática con las principales asociaciones del sector industrial y los sindicatos mayoritarios a fin de coordinar esfuerzos para reorientar la actividad manufacturera a la fabricación a gran escala de material sanitario, con el objetivo de atender al incremento de la demanda por la extensión del COVID-19.

En un movimiento sin precedentes en España, centenares de empresas están haciendo un esfuerzo extraordinario en la producción de material esencial para nuestros sanitarios, en el combate contra el coronavirus; algunas lo fabrican habitualmente, pero para muchas es un campo nuevo.

Según comunicado del Ministerio del Interior, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad

La medida no afecta al transporte de mercancías "con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento".

El Gobierno ha decretado el restablecimiento de los controles de las fronteras terrestres en el marco las medidas de contención del COVID-19. Esta medida se prolongará mientras dure el estado de alarma.

Se adopta ante la necesidad de "habilitar la posibilidad de restringir aquellos movimientos de personas que no vayan a poder tener continuidad hasta el punto de destino programado, bien por resultar incompatibles con las medidas adoptadas dentro del territorio español, bien por no ser posible su continuación en o hacia otros territorios".

La medida tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.

Se activa de esta forma el artículo 28 del Código de Fronteras Schengen, que permite restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores en situaciones como la actual.

COORDINACIÓN CON LA UE

Según cuentan desde el Ministerio de Interior, la decisión ya se ha comunicado a los organismos responsables de la Comisión Europea, al resto de Estados miembros de la Unión Europea y a los Estados asociados a Schengen.

CEOE y CEPYME ante el COVID-19

CEOE y CEPYME envían un comunicado para expresar el apoyo al Gobierno, los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la lucha contra el COVID-19 y garantizar que “todo el ecosistema empresarial, desde las grandes empresas a las medianas, pequeñas y los autónomos, cumplirán con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado”.

El mapa del trabajo desde casa

Una de las medidas principales para frenar la propagación del coronavirus en los países más afectados es limitar los movimientos de sus habitantes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se ha anunciado el cierre de universidades, escuelas y colegios, así como en las localidades de Vitoria y Labastida (ambas en Álava).

Los españoles no parecen estar en general, según datos de Eurostat, acostumbrados a ganarse el salario desde casa. Según datos de 2018 de Eurostat, en 2018 solo el 4,3% de los trabajadores del país afirmaba hacerlo habitualmente desde su hogar. En el caso de Europa, la cifra era solo ligeramente superior, esta del 5,2%.

Fuente Statista

En un momento en que la COVID-19 afecta a más de 60 países, el Grupo Banco Mundial ofrece un paquete inicial de hasta USD 12 000 millones de apoyo inmediato para ayudar a los países que deben hacer frente a los impactos sanitarios y económicos de este brote mundial. El financiamiento tiene como objetivo ayudar a los países miembros a tomar medidas efectivas, y cuando sea posible, disminuir los trágicos impactos que representa la COVID-19 (enfermedad por coronavirus).

A través de este nuevo paquete acelerado, el Grupo Banco Mundial ayudará a los países en desarrollo a fortalecer sus sistemas de salud, lo que incluye ampliar el acceso a los servicios sanitarios para proteger a la población de la epidemia, mejorar la vigilancia de las enfermedades, impulsar medidas de salud pública y trabajar con el sector privado a fin de reducir el impacto sobre las economías. Este paquete de financiamiento, con fondos aportados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), estará coordinado a nivel global para brindar apoyo a las respuestas de los países.

Con este paquete de apoyo se ofrecerán por vía acelerada recursos iniciales para hacer frente a la crisis por un valor de hasta USD 12 000 millones, de los cuales USD 8000 millones corresponden a financiamiento nuevo. Esto incluye hasta USD 2700 millones en nuevo financiamiento del BIRF; USD 1300 millones de la AIF, que se complementarán con la reasignación de USD 2000 millones de la cartera actual del Banco, y USD 6000 millones de IFC, que incluyen USD 2000 millones de líneas existentes de financiamiento del comercio. También incluirá asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica, basados en conocimientos especializados del ámbito internacional y conocimientos de nivel nacional.

“Estamos trabajando para proporcionar una respuesta rápida y flexible basada en las necesidades de los países en desarrollo para hacer frente a la propagación de la COVID-19”, señaló David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. "Esto incluye financiamiento para casos de emergencia, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica, que se basan en los instrumentos y la experiencia existentes del Grupo Banco Mundial para ayudar a los países a responder ante las crisis".

El paquete financiero ofrecerá donaciones y préstamos de bajo interés de la AIF a los países de ingreso bajo y préstamos del BIRF los países de ingreso mediano, y se utilizarán todos los instrumentos operacionales del Banco con un procesamiento acelerado. IFC, la entidad del Grupo Banco Mundial dedicada al sector privado, proporcionará a sus clientes el apoyo necesario para que continúen funcionando y sostengan el empleo.

El apoyo del Banco Mundial abarcará una amplia gama de medidas dirigidas a consolidar los servicios de salud y la atención médica primaria, mejorar el seguimiento y la elaboración de informes de las enfermedades, brindar capacitación a los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con los pacientes, incentivar la participación de la comunidad para mantener la confianza del público, y ampliar el acceso de los pacientes más pobres a los tratamientos. El Banco también proporcionará asesoramiento técnico y normativo para garantizar que los países puedan acceder a conocimientos especializados del ámbito internacional.

IFC trabajará con los clientes de los bancos comerciales para ampliar las líneas de capital de trabajo y de financiamiento del comercio. IFC también apoyará directamente a sus clientes corporativos, poniendo énfasis en sectores estratégicos, incluidos el equipamiento médico y los productos farmacéuticos, para mantener las cadenas de suministro y reducir los riesgos de deterioro de la situación. En estas iniciativas se sacará provecho de las enseñanzas derivadas de episodios anteriores similares, con el objetivo de minimizar el impacto económico y social negativo de la COVID-19 en todo el mundo.

Los países presentan distintos niveles de riesgo y vulnerabilidad ante la COVID-19, por los que requerirán distintos grados de apoyo. En el respaldo del Grupo Banco Mundial se dará prioridad a los países más pobres y a los que muestren un riesgo elevado y escasa capacidad. A medida que la propagación de la COVID-19 y su impacto continúen modificándose, el Grupo Banco Mundial adaptará su enfoque y los recursos que proporciona según sea necesario.

El Grupo Banco Mundial está trabajando activamente con diversas instituciones internacionales y autoridades nacionales para ayudar a coordinar la respuesta mundial.

Fuente Comunicado de Prensa Banco Mundial

Hace sólo año y medio de la plena entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo que ha supuesto todo un revulsivo a nivel global en cuanto a la forma de afrontar la gestión de los datos y la privacidad. Sin embargo, casi tres de cada cuatro personas piden a sus gobiernos que aumenten todavía más la regulación sobre las grandes compañías tecnológicas para proteger sus datos personales. Y no son sólo los usuarios de esas compañías los que piden una mayor regulación, sino que incluso los CEOs de las grandes plataformas de datos como Mark Zuckerberg (Facebook) se suman al mismo llamamiento. En este contexto se está cocinando ya una nueva generación de normativas relativas a los datos de carácter personal, cuyo objetivo será, por un lado, complementar la normativa Europea existente y, por otro, rellenar los vacíos legales que hay en Estados Unidos en la actualidad.

La situación en Europa

Mientras en Europa seguimos todavía tratando de asimilar el potencial impacto de la GDPR y garantizar un mayor grado de implantación, la presidenta de la Comisión Europea – Ursula von der Leyen – ha encargado al Comisionado de Mercado Interior – Thierry Breton – que establezca una nueva estrategia de datos Europea que apueste por la innovación a través de los datos a la vez que proteja la identidad digital de las personas. Por el momento, y mientras no se concrete dicha estrategia, seguimos pendientes del nuevo reglamento de privacidad digital (ePrivacy) relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, actualmente en progreso y que está llamado a complementar la GDPR reemplazando a la directiva actual – cuya última versión lleva en vigor más de 10 años (desde el año 2009), todo un mundo en el ámbito en el que nos movemos.

Este muy esperado nuevo reglamento, que será de aplicación directa para todos los países miembro, continúa desarrollándose después de prácticamente una decena de borradores presentados y dos años de negociaciones entre las distintas partes que contribuyen a su desarrollo. Este reglamento, también conocido como ley de las cookies por ser el responsable de los mensajes de aviso que aparecen en los sitios web que visitamos, es de vital importancia precisamente por afectar a uno de los mecanismos más usado (y a veces también abusado) para acceder a los datos de los usuarios online. Si bien es todavía incierto cuál será el resultado final, durante las negociaciones hemos visto como se ha pasado de un texto inicial más proteccionista, en el que se reforzaba la importancia del consentimiento explícito incluyendo la posibilidad de configurar nuestros navegadores para oponerse automáticamente a todo tratamiento de datos no autorizado (el famoso modo “no rastrear o “do not track”), a un borrador actual más garantista en el que se apuesta prácticamente por mantener el status quo con tan sólo algunos cambios de menor calado.

La situación en Estados Unidos

Si cruzamos el charco y echamos un vistazo a lo que está pasando en Estados Unidos – mercado de referencia en la actualidad en cuanto al desarrollo de las plataformas online que gestionan nuestros datos –, hemos empezado el año con la entrada en vigor de la Ley de Privacidad de los Consumidores (CCPA) en el estado de California, siendo varios los estados que tienen también en marcha sus propias iniciativas legislativas en la materia. Un hito muy relevante al tratarse no únicamente de la primera ley completa de este tipo en el país, sino que también parte del estado en el que se emplaza el Silicon Valley, que vio nacer una gran parte de esas grandes plataformas.

Si bien es cierto que la CCPA ha recibido algunas críticas por quedarse por detrás de la GDPR en algunos aspectos, y que el marco legal federal no termina de llegar mientras continúan las voces que lo siguen reclamando, empiezan al menos a ponerse en marcha un gran número de iniciativas legislativas federales en el país que podrían elevar el listón en cuanto a exigencia de forma considerable – yendo incluso más allá de los requisitos establecidos por la legislación Europea actual. Entre estas iniciativas se incluyen, por ejemplo:

La ley de los derechos de los consumidores online (COPRA Act), cuyo objetivo es aumentar el control sobre los datos personales, prohibiendo los usos dañinos y estableciendo normas específicas y estrictas para la recopilación, el uso y el intercambio de los datos de los consumidores.
La propuesta de ley para aumentar la compatibilidad y la competencia al permitir la migración de servicios (ACCESS Act), cuyo objetivo principal es habilitar la portabilidad de datos entre distintas plataformas, fomentando así la competencia e innovación en los servicios ofrecidos por las grandes compañías.
La propuesta de ley para el diseño de salvaguardas contables para contribuir a ampliar la supervisión y regulación de los datos (DASHBOARD Act), cuya finalidad es aumentar la transparencia en cuanto el uso de los datos personales por parte de las grandes compañías, incluyendo una estimación económica objetiva del valor obtenido a través de dichos datos.
El programa para el fin del rastreo no autorizado (Do Not Track Act), cuyo objetivo es limitar considerablemente el rastreo online de los datos personales de aquellas personas que así lo soliciten, de forma similar a cómo se hace ya en la actualidad con los registros telefónicos de exclusión publicitaria (como por ejemplo la Lista Robinson en nuestro país)
La ley para responsabilizarse de los negocios propios (MYOBA Act) pretende terminar radicalmente con los potenciales abusos sobre la privacidad y los datos personales haciendo directa y jurídicamente responsables a los CEOs de las compañías de los incumplimientos graves respecto a la normativa existente.
Es importante también señalar que, con el objetivo de que todo este conjunto de leyes que se están proponiendo en los Estados Unidos no supongan un obstáculo para la innovación, en general su ámbito de aplicación se ha visto reducido a las grandes compañías ya consolidadas que cuentan con un alto número de usuarios y grandes volúmenes de facturación, aunque los márgenes específicos varían de una ley a otra.

En cualquier caso, el gran reto ahora – tanto en Europa como en Estados Unidos – está por un lado en clarificar los términos y límites de aplicación establecidos en todas estas leyes y ver cómo se consolidan finalmente y por otro lado en cómo conseguir la convergencia entre todas estas iniciativas para poder así evitar un mosaico legislativo que suponga un quebradero de cabeza para las compañías globalizadas y también una posible discriminación entre los derechos de unas personas y otras dependiendo de qué legislación se les aplique.

Fuente red.es

El horizonte económico que los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Veinte países industrializados y de mercados emergentes (G-20) enfrentarán esta semana en sus reuniones en Riad es incierto.

Las conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzaron los 10 millones de líneas a finales de noviembre de 2019, según los datos referentes al mercado de las telecomunicaciones de la CNMC

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