Cómo actuar con los facilities durante el Estado de Alarma

A la Asesoría Jurídica de AERCE nos llegan consultas cada semana desde los departamentos y profesionales de Compras. En estos días, es inevitable que las cuestiones giren en torno al Covid-19 (Coronavirus).

En esta ocasión, nos gustaría compartir esta consulta recientemente realizada y que creemos puede ser de gran interés.

Y recuerda que, si eres asociado AERCE, puedes hacer tu pregunta y acceder al archivo histórico de consultas en el ÁREA PRIVADA DE AERCE. (¿Quieres asociarte? Infórmate aquí)

Pregunta a la Asesoría Jurídica de AERCE:

"Dada la situación de estos días (Covid-19), los compradores nos encontramos en la tesitura de ver qué hacemos con los servicios de mantenimiento, limpieza, jardinería, etc. Para este tipo de proveedores tenemos contratos con obligaciones mensuales de pago, sin embargo, al tener el edificio cerrado, no pueden prestar servicios. ¿Cómo aconsejan proceder?"

Respuesta AERCE:

La declaración del Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia del Covid-19 está afectando de forma directa a las relaciones comerciales mantenidas por empresas y particulares, ocasionando en múltiples ocasiones la imposibilidad de dar cumplimiento a los compromisos de prestación de servicios o pago contractualmente asumidos entre las partes.

La suspensión temporal de la actividad de la mayoría de las empresas de todos los sectores está ocasionando una gran inseguridad jurídica en relación al cumplimiento de los contratos.

Pues bien, como regla general, las partes deben cumplir con sus compromisos contractuales en virtud del principio "Pacta Sunt Servanda" sin que, hasta la fecha, se haya dictado ninguna disposición legal de urgencia que con carácter general permita a las empresas y particulares omitir o suspender sus obligaciones contractualmente asumidas en contratos de naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a la situación de excepcionalidad que vivimos, añadido a la clausura de los juzgados y la saturación que sufrirán los mismos una vez se reanude la actividad judicial, recomendamos llegar a acuerdos de "buena fe" entre las partes que eviten la judicialización del conflicto, apelando a la mutua comprensión de la situación por ambas partes afectadas.

Para ello, es recomendable en primer lugar proceder a un detallado análisis de las cláusulas contractuales a fin de advertir si, por ejemplo, se ha previsto una cláusula de fuerza mayor y, en caso afirmativo, si el Covid-19 sería subsumible en ella.

En este sentido, debemos indicar que las cláusulas referentes a la fuerza mayor hacen referencia a acontecimientos que tengan una influencia externa en el contrato, que no se hayan podido prever, que no se hayan podido evitar por medidas propias y que hayan impedido o hayan perjudicado gravemente el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. En consecuencia, entendemos que el Covid-19 podrá ser considerado como un motivo de fuerza mayor.

Son muchos los contratos que ante la existencia de eventualidades de fuerza mayor, prevén excepciones a la obligación de cumplir o pagar daños y perjuicios. En tal supuesto, deberá analizarse el alcance de la cláusula para desbrozar qué consecuencias jurídicas conlleva la existencia de esta fuera mayor para cada una de las partes, suspensión de pago, suspensión del contrato, resolución de contrato, etc.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo ha venido señalando que sucesos imprevisibles e inevitables como el que nos ocupa suponen una alteración sustancial de las condiciones iniciales en las que se suscribió el contrato, lo que podría llegar a permitir dejar en suspenso determinadas obligaciones contractuales sin posibilidad de que la contraparte pudiera reclamar indemnización de daños y perjuicios. Ello siempre y cuando se justificara debidamente la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas como consecuencia de la situación causada por el Covid-19.

Téngase en cuenta en este sentido, la denominada doctrina "rebus sic stantibus" como cláusula implícita en la contratación y que tiene por finalidad restablecer el equilibrio de las prestaciones existente en el momento de la perfección del contrato, y que puede llegar a entenderse alterada por acontecimientos extraordinarios como el que nos ocupa.

Por ello, debemos recomendar que, en la medida de lo posible, se intenten alcanzar acuerdos entre las partes, haciendo uso si es necesario de los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR) tales como la mediación, primando la operatividad y el sentido común al objeto de reactivar lo antes posible la normal relación comercial una vez se levante el estado excepcional de alarma en el que nos hallamos y evitar así la ruptura de relaciones contractuales que una vez superado las crisis actual serían beneficiosas para ambas partes contratantes.

 

Modificado por última vez en 23/03/2020

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