Las condiciones generales de contratación: cómo evitar abusos

Por Francisco Javier Jiménez Muñoz. Doctor europeo en Derecho, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y docente de AERCE Business School

Las “condiciones generales de la contratación” son aquellas cláusulas que una parte emplea en la generalidad de los contratos que realiza, sin perjuicio de que además pueda incluir unas condiciones particulares, específicas de cada contrato.

Mientras que en las condiciones particulares suele haber una negociación respecto de su contenido, las condiciones generales se caracterizan por la falta de negociación, de modo que son impuestas por una de las partes, que podríamos denominar “fuerte” (generalmente el proveedor; a veces el comprador), a la otra, que podríamos llamar “débil”.

Las condiciones generales suelen incluirse en contratos de adhesión, que son los que se hallan en su mayor parte pre-redactados y a la parte “débil” sólo le queda incorporarse si desea acceder al bien o servicio que pretende (así, en los contratos de los suministros básicos: agua, electricidad...).

Dado que la utilización de condiciones generales puede conllevar abusos de una parte sobre la otra, se han contemplado con recelo desde su generalización a partir de aproximadamente los años 60. Les venían siendo de aplicación en los distintos países las leyes de protección de los consumidores, pero esa solución resultaba insatisfactoria, ya que no cubría todas las posibilidades y tampoco abarcaba los casos de condiciones generales en los que ninguna de las partes tenía el carácter de consumidor.

En el ámbito de la Unión Europea se promulgó la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Aprovechando la necesidad de su desarrollo, en España se dictó la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que en línea con lo antes señalado no se limitó a regular las cláusulas abusivas en contratos en que intervengan consumidores, sino que con mayor amplitud de miras se dirigió a regular todas las condiciones generales, con independencia de que concurran o no consumidores, ley que ha recibido grandes críticas.

La regulación de la parte de la Ley correspondiente a las cláusulas abusivas sólo se contempla en relación con los consumidores, y en tal sentido se instrumenta a través de una reforma de determinados preceptos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. No es que en las condiciones generales entre profesionales no pueda haber abuso de una posición dominante o cláusulas abusivas, sino que en tal caso se aplicarán las normas generales de nulidad contractual.

En la Ley se definen como condiciones generales de la contratación las cláusulas contractuales predispuestas y redactadas a fin de incorporarse a una pluralidad de contratos (los denominados “contratos en masa”, tan difundidos en la actualidad en el tráfico mercantil), impuestas por una de las partes (predisponente) a la otra (adherente). El hecho de que alguna cláusula o elemento de cláusula se haya negociado individualmente no excluye la aplicación de la Ley al resto del contrato si del conjunto se llega a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.

Por “predisponente” o “profesional” entiende la Ley la persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial e imponga las condiciones generales, mientras que el adherente podrá ser cualquier persona, sea física o jurídica y actúe dentro o fuera del marco de su actividad profesional o empresarial.

Debe tenerse en cuenta que esta Ley no resultará de aplicación a una serie de contratos, entre los que cabe destacar los administrativos, los de trabajo, los de constitución de sociedades o a los regulados por convenios internacionales o una normativa específica.

Nulidad y no incorporación de determinadas condiciones generales

Para que las condiciones generales entren a formar parte del contrato, y vinculen por tanto a las partes, su redacción habrá de ser transparente, clara, concreta y sencilla, el adherente ha de aceptarlas y el contrato —que hará referencia a las condiciones generales incorporadas— debe ser firmado por todos los contratantes. El predisponente deberá informar expresamente al adherente sobre todas las condiciones generales y facilitarle un ejemplar de las mismas, salvo en contratos verbales en que se entregue resguardo (como puede suceder, por ejemplo, en el de parking), siempre que en este último caso se garantice al adherente una posibilidad efectiva de conocer la existencia y contenido de las condiciones generales en el momento de la celebración del contrato.

No quedarán, en cambio, incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya conocido o no estén firmadas, ni las ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles. Asimismo, y de acuerdo con el régimen general de la nulidad, serán nulas las condiciones que vayan en contra de normas imperativas, salvo que en éstas se estableciera otro efecto distinto.

Respecto a las condiciones generales empleadas en la contratación telefónica y electrónica, la Ley se remite al reglamento específico (Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre), pero en cualquier caso deberá enviarse inmediatamente la adherente justificación escrita de la contratación efectuada, en la que consten todos sus términos. El Reglamento añade que el predisponente deberá facilitar al adherente información sobre todas las cláusulas del contrato y el texto completo de las condiciones generales con una antelación mínima de tres días naturales a la celebración del contrato, y que el adherente tendrá tras el contrato un derecho de resolución del mismo en los siete días hábiles siguientes sin incurrir en penalización ni gasto alguno.

En la interpretación de las cláusulas, como ya se recogía, por ejemplo, en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se establece la prevalencia, en caso de contradicción, de las cláusulas particulares sobre las generales (salvo que éstas sean más beneficiosas), y el principio de que cualquier duda interpretativa se resuelva a favor del adherente.

La declaración de no incorporación o nulidad de una condición general podrá obtenerse a través de sentencia judicial en caso de divergencia entre las partes. El que en ello incurra una cláusula no afectará al resto del contrato si el mismo puede subsistir sin tales cláusulas, integrándose de acuerdo con el artículo 1.258 del Código Civil * (* “LOS CONTRATOS SE PERFECCIONAN POR EL MERO CONSENTIMIENTO, Y DESDE ENTONCES OBLIGAN, NO SÓLO AL CUMPLIMIENTO DE LO EXPRESAMENTE PACTADO, SINO TAMBIÉN A TODAS LAS CONSECUENCIAS QUE, SEGÚN SU NATURALEZA, SEAN CONFORMES A LA BUENA FE, AL USO Y A LA LEY”)

Registro de condiciones generales

La Ley crea un Registro de Condiciones Generales de la Contratación, gestionado por los registradores de la propiedad y mercantiles, en el que se inscribirán las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condición general de la contratación (a instancia del predisponente, del adherente o legitimado colectivo con autorización del predisponente, o por mandato judicial) y las sentencias firmes de los procedimientos judiciales contemplados en la propia Ley, y se anotarán preventivamente las demandas de esos procedimientos.

Acciones judiciales

También prevé una serie de procedimientos judiciales, a los que antes hacíamos referencia, dirigidos a obtener una sentencia en la que se condene al predisponente a eliminar las condiciones generales nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo (acciones de cesación y retractación) o en la que se reconozca que una cláusula es condición general y se inste su inscripción si es obligatoria (acción declarativa). En el caso de las acciones colectivas de cesación o retractación, deberán ejercitarse en un plazo de prescripción de dos años a contar desde que se inscribieron las condiciones generales a las que el procedimiento haga referencia, o —si es posterior— de un año desde la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación dictada como consecuencia de una acción individual, mientras que las acciones declarativas no prescriben. Para el ejercicio colectivo de estas acciones se concede legitimación a las asociaciones de empresarios, profesionales o agricultores, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores (incluyendo entidades de otros Estados comunitarios dirigidas a la protección de los intereses de los consumidores y que estén incluidas en la lista oficial publicada en el DOCE), Instituto Nacional de Consumo y organismos autonómicos o de corporaciones locales correspondientes, colegios profesionales y Ministerio Fiscal.

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Modificado por última vez en 13/05/2020

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